El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha intensificado sus acciones en el marco de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esto se realiza a través del Plan Nacional de Acción y Prevención 2024-2026, que tiene como objetivo combatir la legitimación de capitales, el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Recientemente, se llevó a cabo una mesa de trabajo que fue encabezada por la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. En la reunión también participaron la presidenta de la Sala Constitucional, magistrada Tania D’Amelio Cardiet, y la presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, quien coordina el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. La inspectora general de tribunales (E), doctora Carolina Rodrigues, también estuvo presente.

Durante este encuentro, se definieron las líneas de acción que guiarán el cronograma de actividades programadas para el último trimestre de 2025. Estas acciones están diseñadas para reforzar los mecanismos judiciales en materia penal, con un enfoque particular en los delitos que abarca la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Además, se informó que la Sala de Casación Penal, en colaboración con la Inspectoría General de Tribunales, llevará a cabo una verificación sistemática de expedientes relacionados con delitos financieros y sus antecedentes. Esta revisión se realizará en tribunales de todo el país, como parte de los compromisos asumidos en el plan nacional.

El TSJ ha subrayado que estas iniciativas son parte de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en la prevención y control de delitos complejos. Asimismo, estas acciones responden a los estándares exigidos por organismos multilaterales en la evaluación de políticas judiciales y de seguridad.