La Fiscalía General de la Nación ha radicado un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y otros 12 individuos, incluidos nueve exfuncionarios de su administración, por su presunta implicación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) relacionado con el caso de Aguas Vivas.

Los delitos que se les imputan incluyen peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. La acusación se centra en la supuesta restitución ilegal de un lote, donde se alega que los exfuncionarios intentaron favorecer económicamente a particulares mediante cambios en la cesión del terreno.

Los exfuncionarios procesados son: Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad; Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación; Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; y Fabio Andrés Trujillo García Trujillo, exsecretario General de la Alcaldía.

Además, tres particulares, Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, también están involucrados en el caso, siendo los tenedores del predio en cuestión.

La Fiscalía ha indicado que entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los exfuncionarios habrían intentado cambiar la naturaleza de la cesión del terreno, que originalmente se ofreció de forma gratuita, a una compraventa, lo que habría permitido un pago de más de 40.500 millones de pesos.

El exalcalde Quintero y el exsecretario General, Trujillo, supuestamente emitieron actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del terreno y facilitar actividades urbanísticas prohibidas.

Este caso ha generado gran atención mediática y política, con el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciando públicamente las acciones de Quintero, afirmando que se trató de un "negociazo" y que la ciudad fue "robada". La situación se complica aún más con la oposición de entidades judiciales a las decisiones tomadas por la administración de Quintero.

La Fiscalía ha confirmado que el juicio contra Quintero y los demás acusados se llevará a cabo en los próximos días.