El Partido Popular (PP) y Vox han unido fuerzas en el Congreso de los Diputados para presentar una proposición de ley que busca restringir la regularización de inmigrantes irregulares a través del arraigo. A pesar de su apoyo conjunto, la iniciativa no logró avanzar, recibiendo 168 votos a favor y 177 en contra. Esta votación representa un cambio significativo en la estrategia del PP, que bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, se está alineando con las posturas más restrictivas de Vox en materia de inmigración.

Durante el debate parlamentario, el grupo popular reconoció que el texto propuesto por Vox "criminaliza al inmigrante". Sin embargo, justificaron su apoyo como un primer paso para abrir un debate sobre el tema, anticipando la posibilidad de presentar enmiendas en etapas posteriores. La diputada del PP, Maribel Sánchez, afirmó: "El Gobierno ha renunciado a proteger sus fronteras. La inmigración ilegal está desbocada (...) A quien viene a delinquir, le decimos que aquí, no". Además, subrayó que el PP no ignorará la preocupación de los ciudadanos sobre la inmigración, que es la segunda inquietud más importante para los españoles.

Este movimiento del PP se produce en un contexto donde Vox ha visto un aumento en su intención de voto en encuestas recientes, mientras que el PP se mantiene estancado. La propuesta de Vox incluye, entre otros aspectos, la ampliación del periodo máximo de internamiento de extranjeros en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 60 a 180 días, argumentando que esto facilitaría la expulsión de inmigrantes al permitir una mejor localización de los mismos.

El endurecimiento de la postura del PP en temas migratorios se ha consolidado en los últimos meses, especialmente tras la inclusión de políticas más restrictivas en su nueva ponencia ideológica de julio. Vox ha vinculado repetidamente a los inmigrantes, en particular a los africanos, con delitos sexuales, lo que ha sido criticado por otras fuerzas políticas. El diputado del PNV, Mikel Legarda, afirmó que "no quieren a las mujeres libres", una postura respaldada por el parlamentario socialista Luc Andre Diouf.

El rechazo a la proposición fue unánime entre los partidos del bloque de investidura. Formaciones como Bildu y Esquerra aprovecharon la ocasión para instar a reactivar la iniciativa legislativa popular (ILP) que busca la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes. Esta ILP fue admitida a trámite hace un año con el apoyo inicial del PP, y en junio, el Gobierno reanudó negociaciones para facilitar una regularización flexible, priorizando a inmigrantes con menores y solicitantes de asilo. Sin embargo, las negociaciones se han estancado nuevamente tras la publicación de un informe sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.