Un escándalo de corrupción ha estallado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afectando gravemente al exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Pedro Antonio Rodríguez, exjefe de la oficina jurídica de Romero, lo ha acusado de direccionar un contrato para la venta de aguardiente, lo que ha llevado a una investigación en la Corte Suprema de Justicia.

Rodríguez, quien está implicado en el saqueo de la UNGRD, confesó haber participado en actos de corrupción mientras asesoraba a Olmedo López en la entidad. Se le atribuye un papel crucial en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, un contrato que costó 48.000 millones de pesos y que estuvo marcado por sobrecostos. Parte de este dinero, según las acusaciones, fue destinado a sobornos, incluyendo 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara.

La situación se complica para Romero, quien ha intentado retrasar su juicio con diversas maniobras legales. La Corte Suprema le asignó un abogado de oficio, lo que generó tensiones en el tribunal. Rodríguez ha proporcionado información clave sobre la corrupción en el proceso contractual del negocio de licores en Nariño, afirmando que Romero se interesó indebidamente en la suscripción del Decreto 364 del 24 de agosto de 2016, que fijó la escala de venta del aguardiente Tradicional Nariño.

Rodríguez ha detallado cómo se llevaron a cabo los actos irregulares para adjudicar el contrato de compraventa del aguardiente a la Organización Licores Nariño. La Fiscalía ha recibido esta información, que podría tener un impacto significativo en el caso de Romero. Además, se ha revelado que otros contratos irregulares en la UNGRD, que superan los 108 mil millones de pesos, estaban destinados a ayudar a poblaciones vulnerables que nunca recibieron la asistencia prometida.

Entre los contratos mencionados se encuentran materiales de construcción por 519 millones de pesos para el municipio de San Pablo, Nariño, y un contrato de ayuda humanitaria en Quibdó, Chocó, por 1.340 millones de pesos, destinado a la compra de tejas de zinc para damnificados. También se incluyeron compras de vehículos para bomberos y otros carrotanques, todos en colaboración con el contratista Luis Eduardo López Rosero, quien también está cooperando con la justicia.

Este escándalo de corrupción no solo afecta la reputación de Camilo Romero, sino que también pone de relieve la gravedad de la corrupción en la gestión de recursos destinados a la ayuda humanitaria.