La Ley de Garantías Electorales, consagrada en la Ley 996 de 2005, establece un conjunto de restricciones que buscan blindar el proceso democrático frente al uso indebido de recursos estatales. Según la norma, la prohibición para firmar convenios interadministrativos inicia el 8 de noviembre de 2025 y se mantiene hasta el 31 de mayo de 2026, extendiéndose hasta el 21 de junio en caso de segunda vuelta presidencial.

En el caso de la contratación directa, el veto entra en vigor el 31 de enero de 2026 y se prolonga hasta el 31 de mayo, con igual extensión si la contienda llega a segunda vuelta.En lo relativo a la nómina estatal, las limitaciones varían según el nivel de gobierno. En el orden territorial se aplican desde el 8 de noviembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de

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