La Corte Constitucional fijó un término definitivo e improrrogable a la Cámara de Representantes para que entregue la totalidad de las pruebas sobre la subsanación de la reforma pensional, poniendo como fecha límite el viernes 19 de septiembre de 2025 a las cinco de la tarde.

El magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez, accedió por segunda y última vez a una solicitud de prórroga presentada por la presidencia de la Cámara, pero advirtió que el plazo no será susceptible de una nueva ampliación.

La decisión se produce tras casi dos meses de requerimientos en los que el alto tribunal ha solicitado sin éxito la documentación completa para poder tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo Sistema de Protección Social para la Veje

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