El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado la apertura de una investigación sobre las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Esta decisión se basa en la posibilidad de que dichos actos constituyan "graves violaciones" del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que podrían ser considerados crímenes de genocidio y lesa humanidad, según el Código Penal español.
La investigación fue solicitada por Dolores Delgado, fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En el proceso, se involucrará al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y a la Fiscalía Especializada de Cooperación Internacional. Las diligencias resultantes de esta investigación serán comunicadas a la Corte Penal Internacional (CPI).
García Ortiz concedió a Delgado la autorización para actuar como "coinvestigadora" en este caso, tras recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Este informe detalla las acciones del ejército israelí contra la población civil en Gaza, en el marco de la 'Operación ELIAT'. Delgado analizó el contenido del informe, que incluye testimonios de testigos protegidos y otros elementos probatorios sobre las circunstancias en el terreno.
El fiscal general ha indicado que los hechos descritos en el informe podrían ser considerados graves violaciones del Derecho Internacional. En su decreto, García Ortiz ordena remitir el informe a Alonso para iniciar las diligencias de investigación preprocesal, que también serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Además, se ha acordado la creación de un equipo conjunto de investigación, que incluirá a Alonso y Delgado, así como al fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo. Este equipo actuará de manera colegiada en las actuaciones que se realicen en este ámbito.
Las fuentes jurídicas consultadas han señalado que el objetivo de estas pesquisas es cooperar con el TPI, similar a lo que se hizo en el caso de la guerra en Ucrania. El Ministerio Público busca recabar pruebas que puedan ser utilizadas por el órgano competente.
García Ortiz ha subrayado que existen "presupuestos legales" para llevar a cabo esta investigación, dada la "especial trascendencia" y "gravedad" de los hechos, así como el "número de víctimas" hasta el momento. El fiscal general ha recordado que España tiene la obligación de colaborar con las investigaciones de crímenes internacionales, lo que legitima la apertura de estas diligencias.
La decisión de investigar se enmarca en un contexto más amplio, donde se han planteado preocupaciones sobre la situación en Gaza. Un informe reciente de una comisión de Naciones Unidas ha calificado de genocidio lo ocurrido en la región y ha instado a Israel a detenerlo, al tiempo que exhorta a los miembros de la ONU a colaborar con la investigación del TPI.