La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el secretariado de las Farc por el delito de secuestro fue presentada como un fallo histórico en el camino de la justicia transicional. Sin embargo, al revisar con cuidado sus más de 600 páginas, el documento deja la sensación de que lo aprobado no es tanto una condena, sino un listado de beneficios que los sancionados recibirán bajo el amparo del Estado durante los próximos ocho años. Más que justicia, el fallo parece un contrato de asistencia integral .

Uno de los puntos que más llama la atención es la obligación que impone a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Durante el tiempo que dure la sanción, el Estado deberá garantizar la alimentación, el aseo y, un detalle no menor, el vestuar

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