La Oficina Anticorrupción de Navarra ha declarado nula de pleno derecho la adjudicación de la construcción de 46 viviendas de protección oficial en la comunidad foral, otorgada por el Gobierno de María Chivite a la UTE formada por Acciona y Servinabar , empresa vinculada a Santos Cerdán. El informe detecta al menos cuatro irregularidades graves , entre ellas la falta de actuaciones preparatorias y la inexistencia de resolución formal del expediente.

La adjudicación también incumplió el criterio social que obligaba a la contratación de tres personas con discapacidad y presenta indicios de “práctica colusoria” , es decir, posibles amaños entre empresas.

El caso tiene una fuerte carga política, ya que tanto la presidenta navarra, María Chivite , como la ministra de Vivienda,

See Full Page