BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia emitió el jueves la primera sentencia contra 12 exmilitares que aceptaron su responsabilidad en más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales cometidas hace dos décadas, en uno de los capítulos más oscuros de la represión de las fuerzas de seguridad conocido como “falsos positivos”.

Un otrora coronel, un mayor y varios soldados que pertenecieron al Batallón La Popa, ubicado al norte del país, recibieron sanciones de entre cinco y ocho años que no implican cárcel sino trabajos comunitarios que pretenderán responder a las víctimas y reparar parte del daño causado.

Algunos de los sentenciados recibirán un descuento en la sanción proporcional al tiempo que permanecieron en las cárceles por condenas por esos mismos casos en la justicia ordinaria, explicó en la lectura de la sentencia la magistrada Ana Manuela Ochoa.

Se trata de la segunda sentencia que emite la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado como parte del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Previamente la antigua cúpula de la guerrilla fue sentenciada por miles de secuestros.

Las sanciones, acordadas especialmente con las víctimas de comunidades indígenas, incluyen actos de memoria, infraestructura comunitaria y generación de ingresos. Ochoa aseguró que los exmilitares iniciarán con la construcción de un "mausoleo de la memoria” con 700 osarios con sus respectivas lápidas en el cementerio de Valledupar, al norte del país.

Los exmilitares confesaron haber ejecutado y encubierto las desapariciones forzadas y posteriores asesinatos de 135 personas entre 2002 y 2005. Según el tribunal, conformaron una “organización criminal” dentro de la unidad militar para cometer los delitos y presentar a sus víctimas falsamente como guerrilleros muertos en combate.

El tribunal encontró que los exmilitares tuvieron alianzas con grupos paramilitares —surgidos para combatir a las guerrillas de izquierda— que en algunos casos ayudaban a retener a las víctimas o las asesinaban y luego las entregaban a los militares. En otros casos, los militares buscaban a las víctimas y las engañaban.

Elkin Rojas, uno de los sentenciados que fue señalado de reclutar y encubrir los asesinatos, relató al tribunal que en 2004 fue él mismo a buscar posibles víctimas y halló a dos hombres a los que engañó ofreciéndoles trabajo. Luego los llevó en un taxi, los reunió con más militares, los vistieron simulando que eran guerrilleros y los asesinaron. Con el crimen esperaban obtener permisos de sus superiores para salir a descansar.

“Todos estos asesinatos y estos hechos ya era una constante, eso funcionaba como un reloj”, declaró ante el tribunal Guillermo Gutiérrez Rivero, quien fue oficial de operaciones en el batallón, también sentenciado.

La JEP encontró que luego de los asesinatos los militares elaboraban documentos que daban apariencia de legalidad a la operación en los que justificaban el movimiento de las tropas y reportaban que las víctimas pertenecían a grupos armados ilegales, indicando que también les habían incautado armas y material bélico.

Según el tribunal, la cifra de ejecuciones extrajudiciales asciende a 6.402 víctimas, la mayoría ocurridas entre 2002 y 2008 durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El exmandatario ha defendido su política de seguridad y asegurado que nunca ordenó los crímenes, sino que actuó con celeridad ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales durante su mandato.

A diferencia de los 12 exmilitares sancionados, el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien era el comandante del Batallón La Popa, no aceptó su responsabilidad y se encuentra en un juicio en el que se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel.