El abogado Mauricio Pava Lugo ha planteado un debate crucial en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un derecho de petición dirigido a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, Pava cuestiona la reciente interpretación del secreto profesional entre abogado y cliente, que fue omitido en el juicio en el que Uribe fue condenado y que actualmente se encuentra en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.

Pava ha advertido que condicionar la confidencialidad a la existencia de un poder escrito representa un retroceso que pone en riesgo el derecho de defensa. Este tema ha cobrado relevancia tras la sentencia reciente, que sostiene que la protección del secreto profesional solo se aplica cuando hay un poder formalmente protocolizado. El abogado, quien se ha unido al equipo de defensa de Uribe, argumenta que este criterio ignora la esencia del secreto profesional.

El penalista recuerda que las normas procesales prohíben interceptar cualquier comunicación con el abogado, independientemente de si este es un defensor constituido o un consultor en las etapas iniciales. Además, Pava señala que la Constitución, la Convención Americana y varios fallos de la Corte Constitucional establecen que la garantía del secreto profesional surge de la relación de confianza, no de un trámite burocrático.

En su derecho de petición, al que tuvo acceso SEMANA, Pava explica que su postura coincide con decisiones de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han enfatizado la necesidad de proteger la comunicación previa al proceso. "Limitar esa garantía a un poder escrito equivale a dejar desprotegido al ciudadano justo en la primera línea de defensa, cuando busca orientación legal por primera vez", advierte el abogado.

Con su solicitud, Pava ha dejado constancia en la Fiscalía de la asesoría que presta en el caso, buscando evitar eventuales interceptaciones "por error". Las preguntas planteadas a la fiscal Camargo se centran en uno de los capítulos más controvertidos del juicio contra Uribe, donde se aprobó la interceptación de las comunicaciones del exmandatario.

En este contexto, se interceptaron las conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, aunque no se probó ninguna actuación irregular. Pava cuestiona: "La sentencia sostiene que el secreto profesional 'cede' cuando existen 'indicios claros de concentración delictiva', pero ¿cuáles fragmentos específicos de las llamadas Cadena-Uribe demuestran una finalidad ilícita?". También plantea: "¿Por qué se ignoró el precedente de la Corte Suprema que afirma que 'la sola procedencia del vínculo abogado-cliente basta para excluir la prueba'?".

Las respuestas de la fiscal General serán cruciales en el proceso de apelación que enfrenta Uribe ante el Tribunal Superior de Bogotá.