AL REFERIRSE a la primera sanción que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en sus siete años de vida en su función de aplicar justicia por los graves delitos en el conflicto armado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reconoció que por primera vez los máximos responsables de las extintas Farc enfrentan condenas por su responsabilidad en al menos 21.396 secuestros. No obstante, dijo que hay desafíos para el cumplimiento de esta decisión, como en el caso de dos senadores del Partido Comunes.

La “falta de claridad sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político genera dudas sobre su efectividad”. En ese sentido la defensora Marín se refiere a que, entre los siete exintegrantes del secretariado de las Farc cobijados con esta sanción propia, dos son sena

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