La decisión del fiscal general español de ordenar la apertura de una investigación sobre un posible genocidio en Gaza responde a la gravedad de los hechos denunciados, pero plantea dudas sobre su viabilidad jurídica real. No se trata de estar a favor o en contra, sino de lo que se puede o no se puede hacer, porque las instituciones judiciales deben regirse por la legalidad, no en función de una estrategia política . Que conste que, particularmente, puedo estar a favor y no haría ascos a que se investigara. Pero mi opinión no tiene por qué estar basada en lo que la legislación permite, sino en algo mucho más sencillo: mi asqueo y repugnancia por la situación a la que se ha llegado. El derecho penal internacional requiere una base de competencia clara: conexión con víctimas españolas,

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