Los dos jóvenes investigados por lanzar dos explosivos caseros a la sede del PSOE de Cantabria el pasado mes de abril , que no llegaron a causar daños personales, están en libertad sin cargos después de negarse a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, que ha ordenado el secreto del sumario mientras continúa la investigación del caso.

La cuestión, mientras avanza la instrucción judicial, estriba en las acusaciones a las que se podrían enfrentar y que, todavía en esta fase temprana, no han sido concretadas por la Fiscalía de Cantabria “porque la instrucción está todavía por hacer”, según confirman fuentes internas a elDiario.es.

Pero el suceso alimenta el debate sobre a qué tipo de delitos podrían enfrentarse ambos jóvenes si llegado el caso se sustanciase la acusación. Es decir, si los hechos pueden ser calificados de vandalismo, si el asunto se enmarca dentro de un delito de desorden público, si se apreciará la condición de terrorismo en dicha acción o, incluso, si se le podría añadir la hipótesis de delito de odio. Todo ello condicionado a los resultados de la investigación.

De momento, la jueza del Juzgado número 3 –extremadamente reservada en su contacto con los medios de comunicación– ha tomado declaración a los jóvenes. O más bien –según publica El Diario Montañés – lo ha intentado, porque los detenidos han preferido ejercer su derecho al silencio.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar el pasado 25 de abril cuando un individuo encapuchado entró en la sede del PSOE de Cantabria, ubicada en la calle Tres de Noviembre de Santander, y lanzó en su interior explosivos caseros dentro de una botella de plástico mientras se celebraba un acto sobre memoria histórica en el que participaba el secretario general del partido en la comunidad, Pedro Casares, quien ejerce desde agosto como delegado del Gobierno de España.

Las dos botellas explosivas acabaron por explotar fuera de la sede. Una de las participantes en el acto , en el que había más de 70 asistentes, las cogió y las arrojó a la puerta donde finalmente detonaron sin producir daños. Lo cierto es que los asistentes no se percataron de nada en el momento y la charla continuó con normalidad.

Las dos detenciones

Sin embargo, durante cuatro meses se ha estado siguiendo el hilo del caso. Al menos públicamente se había perdido la esperanza de dar con los responsables. Las cámaras de seguridad del partido detectaron la imagen de una persona encapuchada entrando a la sede con una mochila. Un rostro que no pudieron identificar. O, al menos, eso fue lo que se contó en un primer momento.

Cuando el asunto ya había caído en el olvido la policía sorprendió el viernes 12 de septiembre anunciando la detención de dos jóvenes veinteañeros: uno en Cantabria y otro en Ourense. Uno de ellos es hijo de la alcaldesa del municipio cántabro de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), que ese mismo día reaccionó de inmediato enviando un comunicado y protagonizando una rueda de prensa posterior para exhibir su dolor como madre y pedir que el asunto no le implique a ella. Pérez insiste en construir un muro entre su implicación personal y política en este suceso que no ha tardado en cambiar de esfera.

A renglón seguido también reaccionó el propio responsable del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, que se enteró de la noticia por los medios de comunicación y reaccionó convocando pocas horas después a la prensa en la Delegación de Gobierno. Allí, escoltado por parte de la cúpula socialista, dijo que “el Partido Popular está detrás de estos discursos de odio que luego tienen consecuencias” y pidió a la alcaldesa de Bezana que rompa su pacto de gobierno con Vox.

Todo esta conversación pública sucedía mientras los dos jóvenes estaban detenidos en las dependencias de la Policía Nacional. Esa misma tarde comparecieron ante la jueza de guardia que no consideró necesario aplicar ninguna medida cautelar. Es decir, no se les impuso fianza, no les envió a prisión provisional ni se les requisaron los pasaportes. Ambos quedaron en libertad a la espera de que avance la instrucción judicial y se concreten las acusaciones.

El asunto, por tanto, aún tiene recorrido. Presuntamente uno de los jóvenes fue el que introdujo los explosivos caseros en la sede socialista y que otro, su supuesto cómplice, esperaba en un vehículo para huir con rapidez de la escena. En una de las botellas con líquido inflamable habían escrito el mensaje “Frente a las mentiras revanchistas. PSOE = Satanás”.

En cualquier caso, la investigación podría arrojar luz sobre otras incógnitas más allá de quienes fueron los autores materiales: si éstos actuaron de forma individual en nombre propio o si la iniciativa tiene otros responsables o implicados.