La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha decidido suspender a Delia Espinoza, fiscal de la Nación, por un periodo de seis meses. Esta medida se toma tras un procedimiento disciplinario ordinario en el que se le acusa de cometer faltas graves y muy graves, así como de infringir la ley de carrera fiscal. En particular, se le señala por no ejecutar una resolución administrativa que restituía a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y la reincorporaba como fiscal suprema titular.

Espinoza no asistió a la audiencia convocada por la JNJ para evaluar su suspensión. Su abogado, Luciano López, argumentó en su cuenta de X que la ausencia se debió a la falta de un "juego limpio" y de un "debido proceso" en el caso. "No convalidaremos con nuestra presencia una decisión que ya tomaron: suspenderla y descabezar la Fiscalía de la Nación en el actual contexto de lucha contra la criminalidad en el poder. Recurriremos a la justicia constitucional", afirmó López en un comunicado.

A pesar de la ausencia de Espinoza, la audiencia se llevó a cabo. El presidente de la JNJ confirmó que la magistrada fue notificada sobre el procedimiento en su contra. Luego de deliberar, el pleno de la JNJ votó a favor de la suspensión temporal.

Antes de su suspensión, Delia Espinoza ofreció una conferencia de prensa donde explicó su decisión de no presentarse a la audiencia. Reiteró las afirmaciones de su abogado y añadió que la JNJ no ha respondido a los "recursos escritos" que ha presentado en defensa de sus derechos. "Hemos brindado el tiempo, el espacio necesario a la JNJ para que procedan a responder a los diversos recursos escritos que hemos presentado en estricto ejercicio del derecho a la defensa en un procedimiento que, desde su inicio, está totalmente plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades", declaró Espinoza.

La fiscal también acusó a la JNJ de intentar sacarla del cargo de manera inconstitucional. Afirmó que no existe un "juego limpio" en la JNJ y que los magistrados de esta entidad estarían cometiendo delitos como "avocamiento indebido, abuso de autoridad y prevaricato" al proceder con su suspensión. Espinoza advirtió que esta situación podría tener repercusiones en el Poder Judicial, señalando que se ha denunciado a jueces por no aplicar la Ley de Amnistía, la cual considera inconstitucional y anticonvencional.