La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha alertado sobre un posible intento de control político por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este organismo se reunirá el viernes 19 de septiembre a las 10:00 horas para evaluar la posible suspensión de Espinoza. La magistrada enfrenta esta medida por no haber dejado su cargo a su antecesora, Patricia Benavides, tras la anulación de la suspensión de esta última por investigaciones de corrupción y tráfico de influencias.

En una entrevista con el programa digital Brutalidad Política, Espinoza denunció que la JNJ actúa bajo una "consigna" en su contra. "Ya tenían como una especie de consigna de venir contra mí", afirmó, añadiendo que la orden que recibió busca forzarla a renunciar y entregar su puesto a Benavides, lo que considera ilegal. "A mí me eligieron mis colegas por tres años. Y eso está en la Constitución. Nadie más puede decidir", subrayó.

Espinoza también aseguró que la medida responde a presiones políticas de congresistas y otros políticos que han solicitado su salida. "En el fondo, lo que está haciendo la Junta es concretar una situación política que hace tiempo ya la están pidiendo congresistas, políticos, etc."

La fiscal defendió la transparencia de su gestión y la objetividad en el procesamiento de congresistas involucrados en casos judiciales. "Desde que juramenté, procuré ser transparente y creo que en eso no he defraudado. Mis cifras hablan. Hay, hasta el momento, 107 congresistas, algunos ya con denuncias constitucionales, otros en trámite y otros archivados", mencionó.

Además, Espinoza rechazó las acusaciones de irregularidades y negó ser parte de una organización criminal, como sugirió el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. "¿Qué carpeta fiscal por corrupción tengo? ¿Soy parte de alguna organización criminal? ¿Tengo lavado de activos? Yo misma me he puesto en manos de la Contraloría", declaró.

Si la JNJ aprueba la propuesta de suspensión, Espinoza quedaría apartada de cualquier función dentro del Ministerio Público y de representación durante el tiempo que dure la investigación, que podría ser de hasta seis meses. Esta suspensión no tendría carácter sancionador definitivo. Tras la audiencia del viernes, los consejeros votarán la propuesta de suspensión preventiva, sin la participación de María Teresa Cabrera, quien planteó la medida. El futuro de la magistrada dependerá de la decisión de Gino Ríos (presidente), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo. Cabe recordar que Ríos fue sentenciado en 2011 por violencia familiar, aunque recientemente fue ratificado en su cargo.