Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos se manifestaron frente a la Defensoría del Pueblo en Lima, exigiendo la retirada de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Esta demanda fue presentada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el pasado 12 de septiembre ante el Tribunal Constitucional. Los manifestantes sostienen que, si la ley es declarada constitucional, se verían comprometidas las esperanzas de justicia de cientos de familias que han luchado durante décadas.

La misiva entregada a Gutiérrez expresa que "de no retirar la demanda presentada y el TC resuelve que la ley de amnistía es constitucional, estarían atropellando 4 décadas de lucha continua como familiares". Los asistentes a la protesta, que incluyeron a la congresista Ruth Luque y a la excongresista Indira Huilca, enfatizaron que la Ley de Amnistía podría dejar a 700 víctimas en una situación de total impunidad.

Luque criticó la actuación de Gutiérrez, afirmando que "ha desvirtuado de manera completa lo que representa la Defensoría del Pueblo en nuestro país". Huilca, por su parte, recordó que muchos de los casos de violaciones a los derechos humanos han sido sentenciados, y que la ley podría revertir esos logros.

Luzdilan Camargo, madre de Inti Sotelo, un joven asesinado durante las protestas, expresó su frustración por la falta de justicia. "La palabra justicia en Perú está inverosímil, tan difícil de alcanzar", dijo. Gisela Ortiz, representante de los familiares del caso La Cantuta, calificó la situación de complot político entre el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional.

La controversia se intensifica, ya que en abril, Carlos Fernández Millán, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, había apoyado la Ley de Amnistía, argumentando que el sistema de justicia no había resuelto muchos casos. Sin embargo, el actual defensor sostiene que la ley vulnera derechos fundamentales y contradice la Constitución.

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, reafirmó el apoyo del gobierno a la ley, indicando que el Ministerio de Justicia está obligado a defenderla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado peruano que se abstenga de aplicarla, argumentando que contraviene estándares internacionales.

Los familiares de las víctimas continúan su lucha, advirtiendo que "la impunidad no prosperará" y que su búsqueda de justicia sigue adelante.