La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular. Esta petición se basa en la acusación de que el partido ha cometido actos "antidemocráticos" que infringen la Ley de Organizaciones Políticas. Espinoza presentó formalmente su solicitud el 18 de septiembre, tras recibir una denuncia ciudadana en marzo de 2025.

En su solicitud, la fiscal detalla que ha recopilado información y pruebas que demostrarían que Fuerza Popular ha incurrido "de forma sistemática en conductas antidemocráticas". Según Espinoza, el partido ha promovido ataques contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores, periodistas y medios de comunicación, basándose en sus cargos, posiciones políticas, profesiones y opiniones.

Además, la fiscal denuncia que Fuerza Popular ha excluido a congresistas de sus filas por motivos de disidencia política y libertad de conciencia. También se les acusa de intentar exculpar actos de violencia contra las víctimas del conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1990 y 2000.

Espinoza advierte que estas acciones han "legitimado la violencia" con el fin de alcanzar objetivos políticos. Todo esto, según la fiscal, configura "acciones antidemocráticas" que están claramente definidas en la normativa sobre partidos políticos, lo que justifica la solicitud de ilegalidad ante el Poder Judicial.