El Gobierno de Gustavo Petro ha entregado la Unidad para las Víctimas a un influyente clan político de Santander, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la gestión de un presupuesto anual de 4,5 billones de pesos destinado a atender a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este movimiento se ha interpretado como un intercambio por votos en el Congreso, lo que ha suscitado acusaciones de corrupción y favoritismo.

El senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, de 35 años, ha sido el beneficiario de esta decisión. Moreno, quien llegó al Senado en 2022 con el apoyo del exalcalde Alfonso Eljach Manrique, ha sido un aliado clave del Gobierno en diversas iniciativas legislativas. Sin embargo, su ascenso al control de la Unidad para las Víctimas ha levantado alarmas en un país que aún lidia con las secuelas de la guerra.

Desde 2024, la influencia de Moreno en la Unidad ha crecido, especialmente este año, cuando se designó a Adith Rafael Romero Polanco como director general. Romero, sin experiencia previa en el sector, ha sido criticado por su cercanía al senador y por haber trabajado en la administración de Eljach. De los 42 cargos directivos en la Unidad, 22 están vinculados directamente a Moreno, lo que plantea dudas sobre la idoneidad de los nombramientos.

Entre los nombramientos cuestionables se encuentra Fredy Orlando Quintero Mogollón, exalcalde de Chitagá, quien está bajo investigación por presuntos vínculos con grupos armados ilegales. La Fiscalía ha señalado que Quintero podría haber financiado actividades del ELN durante su mandato, lo que resulta alarmante dado su actual rol en la atención a las víctimas.

Los empleados de la Unidad han expresado su preocupación por la falta de experiencia de muchos de los nuevos funcionarios, así como por la asignación arbitraria de salarios y contratos. Un contratista anónimo reveló que se les pregunta sobre sus conexiones políticas y se les sugiere alinearse con Moreno para mantener su empleo. "Nos preguntan qué político tenemos y nos sugieren hablar con Gustavo Moreno", afirmó.

Las denuncias sobre la gestión de la Unidad para las Víctimas han generado un clima de indignación y desconfianza. En un contexto donde el Gobierno prometió combatir la corrupción y apoyar a las víctimas, la situación actual plantea serias interrogantes sobre la transparencia y el uso de los recursos destinados a quienes han sufrido los estragos del conflicto armado.