Este lunes, el Gobierno promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad , tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos que demanda.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 681/2025 , publicado en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, la implementación plena de la ley implicaría un impacto fiscal equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI) , lo que hace inviable su ejecución inmediata con el presupuesto vigente.

El costo fiscal estimado de la emergencia

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la creación de la nueva pensión y otros beneficios previstos

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