
Andrea Agnelli, ex presidente de Juventus, recibió el lunes una sentencia suspendida de 20 meses en un juicio por contabilidad falsa tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad.
El acuerdo con el juez permitiría el regreso de Agnelli al fútbol cuando su veto a toda actividad deportiva expire el próximo mes.
El juicio, que comenzó después de que los fiscales empezaran a investigar a Juventus en 2021, contribuyó a la caída de Agnelli en el club que ha sido campeón de la Serie A de Italia en 36 ocasiones.
Pavel Nedved, ex vicepresidente de la Juventus, llegó a un acuerdo de 14 meses y Fabio Paratici, ex director deportivo de la Juventus, pactó por 18 meses. Sus sentencias también fueron suspendidas.
El ex CEO de Juventus, Maurizio Arrivabene, fue absuelto de irregularidades por el tribunal en Roma, donde el juicio se trasladó después de comenzar en Turín.
Juventus, que cotiza en la bolsa de valores de Milán, recibió una multa de 156.000 euros (183.000 dólares) y también llegó a un acuerdo con unos 75 inversores a quienes el club pagará un poco más de 1 millón de euros (alrededor de 1,2 millones de dólares).
Todas las partes involucradas negaron cualquier irregularidad.
En un comunicado, Juventus respondió que “si bien reitera que su conducta fue correcta y que esgrimió argumentos sólidos”, el club "consideró apropiado recurrir a este instrumento en el mejor interés de la propia empresa, sus accionistas y todos los interesados".
El caso propició las renuncias de Agnelli y toda la junta directiva de Juventus en 2022. Agnelli recibió entonces dos prohibiciones separadas por parte de las autoridades deportivas, la última de las cuales expira en octubre.
Juventus fue sancionada con una penalización de diez puntos en la temporada 2022-23 y luego fue expulsada de la Conference League por irregularidades financieras.
El club y sus directivos fueron investigados por beneficiarse de comisiones ilegales de transferencias y préstamos de jugadores y por el manejo ilícito de los salarios de los jugadores. El caso también investigó si los inversores fueron engañados con facturas emitidas por transacciones inexistentes para demostrar ingresos que, a su vez, podrían considerarse contabilidad falsa.
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