
Los ataques de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a la jueza que acordó este lunes enviar al banquillo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no han tenido una reacción unánime por parte de las asociaciones de jueces. Dos de las asociaciones que se autodefinen como independientes han criticado las palabras del alto cargo, que cargó contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel al afirmar que “no respeta a la Audiencia Provincial”.
La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, muy beligerante cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que “hay jueces haciendo política y políticos que intentan hacer justicia” , no ha reaccionado al mensaje. Tampoco lo ha hecho la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que entonces fue la única que admitió la existencia de una “instrumentalización partidista de ciertos procesos judiciales”, aunque apuntó que “quizá” no le correspondía al presidente del Gobierno hacer estas consideraciones.
“Hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial. Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca y resulta que es la hermanita de un tipo al que [Fernando] Grande-Marlaska ha ascendido. Todo [Pedro] Sánchez es corrupto”, escribió Rodríguez este lunes en su cuenta de X, después de que trascendiera la decisión de la magistrada de abrir juicio oral contra el empresario y comisionista. Si la Audiencia Provincial no lo evita en el último momento, González Amador se sentará en el banquillo acusado de cinco delitos, incluido el de grupo criminal .
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de afiliados, ha calificado de “inaceptable” que un alto cargo político “señale y acuse a una jueza que cumple con su labor porque discrepe del contenido de una resolución”. “Estas declaraciones dañan gravemente la separación de poderes y menoscaban la confianza ciudadana en la Justicia”, recoge un mensaje publicado en sus redes sociales.
Para Foro Judicial Independiente (FJI), cuarta en representación en la carrera judicial, las palabras del jefe de gabinete de Ayuso son un “intolerable e inaceptable señalamiento personal”. “El poder político, da igual su ideología, no acepta contrapesos ni la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, figura en otro mensaje difundido por la asociación.
“Debilita la confianza”
Las palabras de Rodríguez tampoco han gustado a la mayoría de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideran que “debilita la confianza en la independencia del Poder Judicial y generan confusión en la ciudadanía al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de tribunales”. No obstante, distintos vocales de este bloque no se plantean por el momento promover ninguna acción coordinada dentro del órgano para reprobar estas consideraciones.
De acuerdo a las fuentes consultadas, el sentir mayoritario dentro de este sector es que los jueces son servidores públicos que deben estar a expensas de la “crítica razonable”. Y aunque enmarcan estas declaraciones en un “ataque directo” y “poco acorde con la lealtad institucional” que deberían tener todos los cargos públicos no creen que el órgano deba reaccionar cada vez que desde el ámbito político se hagan declaraciones sobre el trabajo de los jueces.
El pasado 4 de septiembre, los vocales conservadores sí solicitaron a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que en su discurso en el acto de apertura del año judicial visibilizara su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo” a raíz de las palabras que Sánchez había pronunciado días antes. En su discurso, Perelló exigió el final de las críticas a los jueces: “la confianza y la credibilidad en la justicia son un buen común que debe ser preservado”, afirmó. “Los jueces no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie, ahora bien, independencia no equivale a libre arbitrio”, añadió.