La fiscal general, Luz Adriana Camargo, y su entidad han guardado un prudente silencio sobre la conveniencia de la polémica ley de sometimiento, cuya ponencia está a punto de radicarse en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

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Camargo no asistió al Consejo Superior de Política Criminal donde se discutió la viabilidad del proyecto y, según fuentes, envió delegados a las mesas de trabajo con congresistas y Gobierno. Sin embargo, estaría a favor del controvertido marco jurídico que ofrece a capos y jefes de bandas la posibilidad de desmantelar sus estructuras.

EL TIEMPO consultó con funcionarios presentes en estos espacios de articulación, quienes señalar

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