La delegación de competencias migratorias a Catalunya que tumbó el Congreso este martes sigue provocando reacciones y movimientos. Podemos ha defendido su voto en contra del texto pactado por Junts y PSOE, pero ha puesto las condiciones para apoyarlo si esos dos partidos deciden volver a llevarlo al Pleno. El partido de Ione Belarra quiere por un lado que el Gobierno apruebe una regularización extraordinaria de migrantes y por otro que la formación de Carles Puigdemont elimine los elementos racistas de la proposición de ley que se debatió ayer.

El Congreso frenó este martes la posibilidad de empezar a tramitar una norma para delegar las competencias de inmigración a Catalunya. El texto nació fruto de un acuerdo entre PSOE y Junts al comienzo de la legislatura y su aprobación se ha convertido en un paso imprescindible para los independentistas a la hora de mantener la confianza parlamentaria en el Gobierno. Pero los votos de PP, Vox y de Podemos, así como de un diputado de Compromís y otro de Chunta Aragonesista, ambos en Sumar, impidieron que la ley comience su camino parlamentario.

Podemos cree que el texto que registraron ambos partidos contiene elementos racistas que no pueden pasar por alto y denuncian los motivos del partido de Carles Puigdemont para presentar una iniciativa como esta en plena competición con el partido independentista y xenófobo de Silvia Orriols, Alianza Catalana, en alza en las encuestas.

“Seguimos diciendo lo mismo, con Podemos no se puede contar para hacer políticas racistas”, ha aseverado este miércoles el portavoz y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León. “Esta era una proposición de ley abiertamente racista, no solo en su exposición de motivos, que contenía expresiones abiertamente racistas”, ha explicado. El preámbulo de la ley habla de la necesidad de gestionar la inmigración con eficacia y de que las instituciones hagan esfuerzos por “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”. También relaciona la presión de los servicios públicos con el alto nivel de población inmigrante en Catalunya.

Precisamente sobre esa exposición de motivos ha hablado esta mañana en Televisión Española la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que ha abierto la puerta a modificarla para facilitar las negociaciones. “Aún espero que la gente de Podemos me dé un solo motivo que pueda hacer pensar que esta ley es racista, porque una cosa es el preámbulo que obviamente si se tiene que cambiar porque alguien se siente más cómodo se cambia”, ha dicho en una entrevista.

Pero Nogueras también ha defendido que en el articulado de la ley no hay una “pizca ideológica” y que se trata estrictamente de un traspaso de competencias. Algo que tampoco comparten en Podemos, donde sostienen que los puntos sobre el incremento de agentes de los Mossos d'Esquadra validan las redadas ideológicas y el traspaso de los Centros de Internamiento de Extranjeros avala la existencia de estas “cárceles racistas”, como las ha denominado Fernández este miércoles en la rueda de prensa.

Podemos también pone otra condición para poder votar a favor de esta ley, si PSOE y Junts decidieran volver a llevarla: una regularización extraordinaria de migrantes. “Es muy sencillo, señores del PSOE y de Junts: que el Gobierno apruebe una regularización extraordinaria de inmediato, que haya papeles para todas las personas migrantes en nuestro país y que eliminen los elementos racistas de la exposición de motivos y del articulado de la proposición de ley podrán contar con nuestros votos”, ha dicho el portavoz del partido. “El racismo no se descentraliza, se elimina. y hay que acabar con el racismo institucional que están validando PSOE y Junts”, ha insistido.

En estos momentos, esa regularización de inmigrantes está estancada en el Congreso. Comenzó a tramitarse gracias a una iniciativa legislativa popular que impulsaron varias organizaciones y que reunió más de 600.000 firmas. Junts votó a favor de su toma en consideración pero el texto no ha salido adelante hasta ahora entre otros aspectos por la diferencia de criterios entre Podemos y Junts para impulsarla, los dos partidos con las posiciones más alejadas en este sentido.

Nogueras ha recordado este miércoles en Televisión Española que su partido votó a favor de la toma en consideración de esa ILP “porque los partidos españoles han decidido que aquí se tienen que hacer una regularización” y se ha quejado de que Podemos no hiciese lo mismo con su ley de competencias. “Vosotros podéis tener lo vuestro y nosotros lo que los catalanes están demandando, pero ellos [Podemos] han decidido que no, que lo mío es lo mío y si no es lo mío no es lo de nadie”, ha reprochado.

Podemos ha reclamado al Gobierno otra vía para aprobar esa regularización de migrantes, la aprobación de esa medida mediante un real decreto, como recuerdan que se hizo en el pasado, por ejemplo durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, aunque el Ejecutivo aprobase un decreto en este sentido, el Congreso tendría que validarlo en los 30 días siguientes y para eso también necesitaría el apoyo de los siete diputados de Junts.