Juan Carlos Peinado , juez de Instrucción nº 41 de Madrid y responsable de la causa abierta contra Begoña Gómez , ha dejado de ser solo el instructor de uno de los sumarios más sensibles del momento para convertirse en protagonista judicial y político . Este martes, Peinado ha iniciado acciones legales contra los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente , a quienes acusa de haberle atribuido delitos de prevaricación en el marco del procedimiento que afecta a la esposa del presidente del Gobierno.

La vía elegida es significativa: una demanda de conciliación previa a una querella por injurias y calumnias , un instrumento procesal con escaso uso entre jueces en activo, pero que aquí se convierte en un gesto de advertencia institucional. Peinado exige una rectificación pública . Si no la hay, irá a juicio.

Declaraciones bajo lupa judicial

El 4 de julio de 2024, en una entrevista televisiva, el ministro del Interior —juez de carrera en excedencia— criticó duramente la instrucción que dirige Peinado. Habló de "investigación prospectiva" , de una causa "fuera del procedimiento penal" y de una actuación que habría generado "indefensión" a la investigada. Añadió que, en más de 30 años de ejercicio como juez, no había visto nada igual. Unas palabras que, según fuentes jurídicas cercanas al juez, han sido interpretadas como un ataque directo a su independencia y a su reputación profesional .

Peinado no se ha quedado ahí. También ha demandado a Óscar Puente , titular de Transportes, por afirmar en una entrevista que el procedimiento era "burdo, miserable y una nulidad de libro" , y que el magistrado tenía "un propósito claro" : entrar en La Moncloa y grabar al presidente declarando en una causa penal .

Ambas afirmaciones, según el juez, traspasan el marco de la crítica política y se sitúan en el terreno de lo delictivo.

Una respuesta sin precedentes

No es habitual —ni mucho menos cómodo— que un juez en activo y con una causa en curso demande judicialmente a ministros del Gobierno . Pero en este caso, fuentes próximas al magistrado aseguran que se trata de una reacción de defensa institucional y personal , especialmente ante el aluvión de críticas que ha rodeado la instrucción del caso Begoña Gómez desde el inicio.

La ley exige que, antes de presentar una querella por estos delitos, se celebre un acto de conciliación . En este procedimiento, los demandados pueden evitar la vía penal con una rectificación pública y, eventualmente, una disculpa.

Peinado solicita esa rectificación , pero también va más allá: pide que los ministros se comprometan a no difundir más declaraciones similares y que se prohíba la reproducción de las ya emitidas . En caso contrario, la querella se activará, con una reclamación de 50.000 euros por daños morales .