Si el proyecto de presupuesto naufraga, como lo anticipan las cuentas preliminares de votos en las comisiones económicas, no solo se fijaría por decreto el monto de 556,9 billones de pesos —con un déficit de 26 billones—, sino que el presidente Gustavo Petro también quedaría con facultades extraordinarias, como la reprogramación de las vigencias futuras del sector transporte.

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En la práctica, esto le permitiría al Gobierno redirigir billonarias partidas hacia fines distintos a los ya pactados, en pleno año electoral. Una facultad que, bajo el marco jurídico vigente, no está permitida, pues incumplir un contrato amparado en vigencias futuras

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