La democracia y la ley colombiana impiden a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía acudir a las urnas a depositar su voto en las jornadas electorales. Esta restricción se fundamenta en que esas instituciones deben mantener una posición neutral y apolítica, asegurando que no participen en la deliberación política ni en actividades partidarias mientras están en servicio activo.

Luego de que la limitación fuera consignada en el artículo 219 de la Constitución Política de 1991, en repetidas ocasiones se le ha intentado otorgar el derecho al voto a los miembros activos de la fuerza pública. Sin embargo, ninguno ha prosperado por considerar que se trata de intentos por politizar a los uniformados, pese a que deben mantener una posición imparcial.

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