El despacho del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional –otrora secretario jurídico del presidente Gustavo Petro– , acaba de admitir una controvertida demanda de inconstitucionalidad relacionada con los procesos judiciales para la distribución de la tierra en Colombia. El recurso podría llegar a poner en jaque la independencia judicial a la hora de resolver pleitos mientras entra en funcionamiento pleno la denominada Jurisdicción Agraria.

Detrás de la demanda se encuentra el actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, quien busca que la Corte eche al traste varios procedimientos para el acceso y formalización de tierras que consagró el Decreto 902 de 2017, relacionado con la implementación de la reforma rural a expensas del A

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