Los padres de Sara se divorciaron cuando ella tenía 8 años. A los 10, su padre comenzó a abusar de ella en el piso que había alquilado. Dos años después del comienzo de los abusos, Sara reveló en el colegio lo que le había sucedido. A partir de ese momento empezó a recibir tratamiento psicológico debido a las graves secuelas de lo sufrido, como episodios de autolesiones e ideación suicida. Sin embargo, pese a que la causa judicial se inició un mes tras la denuncia, el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años después. 

El caso de Sara es un caso real y no aislado: en España, los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuales aún siguen enfrentándose a procesos judiciales largos que prolongan su dolor. Así lo refleja el nuevo informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia basado en el análisis de 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024, como la de Sara.

Los resultados apuntan, entre otras cosas, a que el 40,9% de los procesos judiciales asociados a abusos infantiles se prolongan más de tres años, y a que un 12,1% se extienden más allá de los 5 años. “Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas”, señala Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la ONG. Pese a todo este tiempo de espera, en el 38,5% de los casos no se aplicó ninguna medida cautelar.

Según el análisis de sentencias, la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se sitúa en torno a los 12 años

Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sido víctima de violencia sexual y que casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a menores de 18 años, pero “el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos”, denuncia Perazzo.

La víctima suele rondar los 12 años

Según el análisis de sentencias, la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se sitúa en torno a los 12 años, lo que supone un incremento respecto a la media de edad del estudio anterior (11 años). El 51,8% de las víctimas tenían entre 10 y 14 años, el 24% eran adolescentes de más de 15 años, y el 22,6% tenían menos de 10. En el 1,6% de los casos no constaba la edad.

En el 82,9% de los casos analizados las víctimas son niñas y adolescentes, lo que confirma la continuidad de esta tendencia y refleja un incremento respecto al 80,3% registrado en el estudio anterior de la ONG, publicado en 2023. Los niños representan el 17,1% de los casos, cifra que, asegura Save the Children, podría estar relacionada con una mayor reticencia a revelar los abusos. El 5% de las víctimas tenían algún tipo de discapacidad.

El 87,8% de las sentencias estudiadas corresponden a casos en los que hay una sola víctima, lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2021-2022 (68,6%). “Aunque en un caso llega a haber 13 víctimas, los casos de tres o más representan menos del 4%”, explican.

El 98% de los agresores son hombres

El 98% de las personas acusadas son hombres. En 8 de cada 10 sentencias la persona agresora es conocida por los niños y las niñas (familiares, amigos o conocidos, profesionales que trabajan con niños y niñas…). Sin embargo, el porcentaje de agresores a los que la víctima desconocía ha ido en aumento con los años. En el período 2019-2020 se trataba de un 16%. En este último son el 19,5%. 

La incidencia en el entorno familiar ha descendido 7,7 puntos porcentuales desde 2019-2020. En éste, las figuras agresoras más frecuentes son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%)

La incidencia en el entorno familiar ha descendido 7,7 puntos porcentuales desde 2019-2020. En este, las figuras agresoras más frecuentes son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Se observa que la media de edad de las víctimas varía en función del perfil del agresor: en los casos en los que la agresión procede del entorno familiar, la media es de 10 años, mientras que, cuando el agresor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida, se sitúa en torno a los 13 años. En 6 de cada 10 casos se trata de agresores sin antecedentes.

Las víctimas denuncian cada vez más

Los datos indican que la madre es quien denuncia en el 38,8% de los casos registrados, lo que la convierte en la principal figura denunciante, seguida por las propias víctimas (37,6%) o el padre (6,9%). En el 5,6% de los casos ambos progenitores realizan la denuncia de forma conjunta. 

Save the Children ha identificado un incremento en el porcentaje de denuncias realizadas por las propias víctimas (que ha aumentado de un 20,9% a un 37,6%) y por profesionales del ámbito educativo y sanitario, que ya se sitúan en el 3,8% de los denunciantes. Estos avances podrían atribuirse, por una parte, a una mejora en la accesibilidad a los canales de denuncia y, por otra, a una mayor formación entre profesionales. Sin embargo, destacan que “teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que niños, niñas y adolescentes pasan en los centros educativos, estos siguen siendo porcentajes muy bajos”.

Más de la mitad tuvo que declarar más de una vez

La declaración del menor fue tomada seriamente en consideración por el tribunal en el 94% de los casos, una cifra que en el informe subrayan como “muy positiva”. Sin embargo, hay otros datos que preocupan seriamente a la ONG, como el número de veces que niños, niñas y adolescentes se ven obligados a hablar de los abusos que han vivido. En más de la mitad de los casos estudiados la víctima tuvo que declarar más de una vez. 

Solo en poco más de 3 de cada 10 sentencias se menciona la aplicación de la ‘prueba preconstituida’ —la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio—

Por otro lado, solo en poco más de 3 de cada 10 sentencias se menciona la aplicación de la “prueba preconstituida” —la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio—. Además, de entre los menores que sí hicieron uso de esta práctica, 6 de cada 10 tuvieron que, aun así, volver a declarar en el juicio. “Esta cifra sigue siendo insuficiente y nos preocupa que refleje un uso minoritario de esta prueba”, denuncian, a la par que reclaman que se convierta en una práctica “sistemática” extendida hasta los 18 años.

En el 83% de los casos hubo condena y en el 56,8% de ellos la pena de prisión superó los 5 años, lo que supone un aumento respecto al período anterior, en el que las penas de prisión de más de 5 años representaban el 36,6%. En el 63% de estas sentencias condenatorias, además de las penas privativas de libertad, se aplicaron medidas de seguridad complementarias, como la prohibición de acercarse a la víctima. 

A pesar de que la pena de inhabilitación para trabajar con menores de edad es de obligada aplicación, comprobamos que esta no se aplica en gran parte de los casos

Save The Children

No obstante denuncian que “a pesar de que la pena de inhabilitación para trabajar con menores de edad es de obligada aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo 192.3 del Código Penal, modificado por la LOPIVI, comprobamos que esta no se aplica en gran parte de los casos”. 

Una justicia no adaptada a la infancia

Save The Children expresa también su decepción por la lenta puesta en marcha del Real Decreto 422/2025, aprobado este año por el Consejo de Ministros, que establece la creación de las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia. “Solo se contempla la creación de tres (Barcelona, Madrid y Málaga) para todo el Estado”, recalcan, e instan a que se amplíen de manera urgente.

Además, señalan que “no se han creado fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares” pese a que lo establece la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ya 4 años. “Se deben de cumplir los compromisos de la LOPIVI”, recuerdan.

Sostienen que es necesario garantizar que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas

Y sostienen que es necesario aclarar las competencias y la coordinación con otras jurisdicciones (familia, violencia contra la mujer y menores), garantizando que los casos de violencia sexual contra niñas recaigan en las secciones de infancia y adolescencia, dado que sus necesidades son diferentes a las de las mujeres adultas. 

Por último, piden extender el modelo Barnahus a todas las comunidades autónomas, donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados, alegando que los resultados de un proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio.