El Tribunal de Casación Penal ratificó las resoluciones firmadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que establecen la obligatoriedad para las personas privadas de la libertad de realizar tareas de limpieza, higiene y mantenimiento dentro de las cárceles sin percibir remuneración.

Según el fallo, esas actividades forman parte de las obligaciones internas de convivencia y cuidado de los establecimientos penitenciarios, por lo que no constituyen un trabajo en los términos de la Ley de Ejecución Penal.

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La decisión judicial también aclaró que solo un porcentaje reducido de internos podrá acceder a labores remuneradas, siempre que estén vinculadas con actividades productivas o de formación laboral.

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