En Estados Unidos, organizaciones de derechos civiles y varios estados han denunciado que datos personales de millones de personas fueron compartidos con autoridades migratorias, poniendo en riesgo la privacidad de quienes acceden a beneficios como Medicaid o SNAP.

La medida se originó durante la administración de Donald Trump, que impulsó cambios en la normativa de privacidad para facilitar el cruce de información entre agencias federales. Esto permitió que registros sensibles —como direcciones, fechas de nacimiento o números de seguro social— fueran utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ubicar y detener inmigrantes.

El problema se agrava con el uso de sistemas de inteligencia artificial que procesan grandes volúmenes de datos, lo que, según expertos, aumenta l

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