La comunidad del céntrico conjunto ubicado en pleno corazón de Rancagua está enfrentando una situación «bastante compleja» con el Instituto de Previsión Social (IPS), al que acusan de modificar unilateralmente y apropiarse de espacios comunes, además de mantener una millonaria deuda por gastos comunes.

La abogada de la comunidad, Araceli Paredes, ha calificado la situación como «atentatoria contra los derechos de los vecinos».

El problema es especialmente alarmante dado que el 90% de los residentes del edificio son adultos mayores, lo que significa que la afectación es directa y profunda para este grupo de la población.

Raquel Parra, una residente de 85 años que vive en el lugar desde el año 2003, relata cómo el ruido constante de un aire acondicionado instalado frente a su puerta por e

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