Cuando la ley se tuerce: inmigrantes tratados como criminales sin juicio

Un nuevo frente judicial

El 24 de septiembre de 2025, la ACLU de Maine, junto con filiales en otros estados y clínicas legales de Harvard, presentó una demanda colectiva en el Distrito de Massachusetts contra el DHS y el DOJ. El caso, Orellana v. Moriz, busca detener una práctica ilegal y peligrosa: negar audiencias de fianza a inmigrantes arrestados dentro de Estados Unidos.

Históricamente, toda persona detenida en el interior del país tenía derecho a una audiencia de fianza, salvo que fuera un riesgo real de fuga o de seguridad. Pero desde julio de 2025, el gobierno decidió borrar ese derecho, instruyendo a jueces a clasificar a los inmigrantes como “mandatory detainees”—una figura que solo debía aplicarse en frontera.

El caso que destapó el escándalo

El 19 de septiembre, un juez fed