En Colombia existen dos regímenes principales para afrontar la insolvencia . Por un lado, las empresas y las personas naturales comerciantes se rigen por la Ley 1116 de 2006, que regula los procesos de reorganización y liquidación empresarial ante la Superintendencia de Sociedades o la jurisdicción competente.

Por otro lado, las personas naturales no comerciantes cuentan con un procedimiento de insolvencia previsto hoy en el Código General del Proceso y normas complementarias, luego de que la Ley 1380 de 2010 —que originalmente creó el régimen para este grupo— fuera declarada inexequible en 2011 por la Corte Constitucional.

En ambos casos, aunque el trámite de admisión puede no implicar un costo directo, suelen existir gastos asociados que normalmente debe asumir el deudor. Entre ellos e

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