La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contra 12 artículos del Decreto Ley 902 de 2017, que le quita el poder a la entidad en decisiones sobre procesos de tierras y que iría en contravía de la tradición jurídica agraria del país.

Según el demandante, el director de la entidad, Juan Felipe Harman , el articulado fragmenta las decisiones en los procesos de tierra en dos fases: una administrativa y otra judicial, lo cual deja sin facultades a la ANT para ser el juez agrario en materia de sus decisiones y pleitos en tierras, tales como la clarificación de la propiedad, la recuperación de baldíos ocupados indebidamente, los deslindes de predios y la extinción de dominio.

En este sentido, la ANT busca

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