Ocho de cada diez abortos financiados con dinero público en España se realizan en clínicas privadas. Este dato es la principal denuncia del informe «El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho», que señala la externalización del servicio y una objeción de conciencia «estructural» como los dos grandes obstáculos que impiden la plena integración de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el sistema público de salud.

El estudio, elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes y presentado este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, concluye que el acceso a este derecho depende en gran medida de «la voluntad política de cada territorio», generando graves desigualdades geográficas que pueden llegar a vulnerar la Constitución.

La externalización: un de

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