En Oaxaca, la relación entre autoridades y medios de comunicación está marcada por la censura, la manipulación y el chantaje económico. Los contratos o convenios publicitarios, que deberían servir para transparentar acciones de gobierno, se han convertido en instrumentos de control político. La libertad de prensa es sacrificada en aras de la imagen.

Algunos alcaldes, como en el caso de Daniel Méndez Sosa en Salina Cruz, imponen condiciones indignas: publicar únicamente boletines oficiales, ocultar hechos de violencia y atacar adversarios políticos. Quien no acepta esas reglas queda fuera del presupuesto. Así, el dinero público se convierte en arma de sometimiento informativo.

Este comportamiento autoritario no solo degrada la profesión periodística, también vulnera el derecho ciudadano a

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