El catedrático de Derecho en la UNAM, Rogelio Rodríguez, explicó que la posible demanda del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la presidenta Claudia Sheinbaum por difamación no tendría viabilidad en Estados Unidos. En una entrevista, Rodríguez detalló que la Ley de Inmunidades de Soberano Extranjeros, vigente desde 1976, impide que los tribunales estadounidenses sometan a su jurisdicción a jefes de Estado de otros países.

"Si los tribunales americanos pudieran atraer a su jurisdicción a presidentes de todo el mundo por conflictos de naturaleza civil, sería someterlos a su propia jurisdicción", afirmó. Además, subrayó que las cortes estadounidenses suelen requerir que se agoten todas las instancias antes de aceptar una demanda, lo que significa que no pueden obligar a la presidenta a comparecer ante un tribunal debido a su inmunidad.

Rodríguez también mencionó que tanto Estados Unidos como México están sujetos a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, que otorga inmunidad no solo a diplomáticos, sino también a jefes de Estado.

El catedrático recordó casos históricos en los que se intentó demandar a presidentes mexicanos en Estados Unidos, como el de José López Portillo tras el derrame de petróleo en Ixtoc en 1979, donde las cortes de Connecticut se declararon incompetentes. Otro ejemplo fue la demanda contra Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal en 1997, que también fue desestimada por las mismas razones.

Por su parte, Grupo Salinas ha manifestado su intención de demandar a la presidenta Sheinbaum en México y Estados Unidos, tras comentarios realizados por ella en su conferencia matutina del 24 de septiembre. La empresa acusó a la presidenta de iniciar una "embestida autoritaria" y una "persecución política". En un comunicado, Grupo Salinas advirtió que "mentir cuesta y tiene consecuencias", y que están evaluando las acciones legales pertinentes por difamación y daño moral.

El grupo empresarial espera que estas acciones lleven a un cese del "acoso y las calumnias" por parte de la presidenta, a quien le exigen enfrentar las responsabilidades legales en ambos países.