Miles de personas en España tienen conocimientos profesionales sin un papel que los certifique. Sin embargo, desde hace años se ha ido implantando en España un método de acreditación flexible y paralelo a la formación reglada. La Acreditación de Competencias Profesionales supone para miles de trabajadores la oportunidad, además, de entrar al sistema educativo para potenciar sus conocimientos sobre un sector en concreto. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes gestiona este programa financiado a través de los Fondos de Cohesión europeos y ya ha acreditado más de 100.000 unidades de competencia desde 2022.

Mientras los sindicatos consideran que los trámites burocráticos son demasiado tortuosos y las empresas pueden no ayudar en la acreditación por temor a una exigencia de mejoras laborales por parte del empleado, desde la patronal defienden que este sistema siempre es positivo a nivel estratégico y global.

Javier Calvo, coordinador del centro de estudios CampusFP, especializados en la Formación para el Empleo y la Formación Profesional (FP) reglada, explica que existen ciertos requisitos para acceder al sistema, como tener 18 años. “También se exige una experiencia laboral mínima contrastable de 1.200 horas en los últimos 15 años de cara a las acreditaciones más básicas, de nivel 1”, añade. Para las acreditaciones de nivel 2 y 3, la exigencia es de 2.000 horas trabajadas en el mismo sector en la última década y media.

Para desarrollar el proceso, repleto de trámites burocráticos que no siempre son entendidos por los interesados, las distintas comunidades autónomas han autorizado a diversas empresas y entidades a funcionar como asesores. Es el caso de CampusFP, cuyo coordinador señala que “hay que cribar muy bien con el trabajador toda su experiencia, qué cursos no reglados ha realizado y qué de todo ello es demostrable a la Administración pública”. Una vez presentada la solicitud, será el SEPE quien evalúe la propuesta.

Expertos evalúan los conocimientos en el SEPE

Es así como el trabajador puede llegar a obtener diferentes niveles de acreditación. Por ejemplo, las denominadas como A son las llamadas microcredenciales, la unidad mínima de acreditación sobre un área concreta. Aquí entraría, por ejemplo, las profesionales que suelen asistir a mayores en sus domicilios o residencias, una acreditación muy demandada desde que se hizo necesaria para ejercer una certificación que objetivara los conocimientos adquiridos.

Las B son acreditaciones completas en un área específica, mientras que las C se conocen como certificado de profesionalidad, un título que ya acredita determinadas competencias concretas. Por último, la D está al mismo nivel que un título de FP, que puede ser básido, medio o superior, y estarían encuadradas en el nivel 3.

El SEPE es el encargado de evaluar la propuesta con un elenco de asesores entrenados y autorizados que estudian el informe. “Los evaluadores son expertos en ese campo porque son ellos quienes conocen lo que una persona tiene que saber para poder acceder al título profesional”, desarrolla Calvo.

El sistema es tan flexible que muchas veces el propio centro asesor recomienda al trabajador reclamar un nivel diferente al superior para luego poder acceder a él a través de diversas formaciones regladas. “Ahora hay muchísimo expedientes abiertos y algunos pocos resueltos. Todo depende de la especialidad. Para hostelería y turismo es más fácil que haya expertos para evaluar los conocimientos, pero para herrador de caballos o en el sector de las emergencias quizá la cosa se complique”, ilustra el coordinador de CampusFP, centro de estudios con gran presencia en la Comunidad de Madrid.

Objetivo: llegar a 150.000 trabajadores más

El informe inicial de marzo de 2025, el más actualizado, sobre el Estado del Sistema de Formación Profesional, indica que desde 2022, tras la aprobación de la última Ley de FP y a través de una convocatoria permanentemente abierta, han participado 55.970 personas, con una acreditación total de 111.940 unidades de competencia. “Actualmente se trabaja en la ampliación de este procedimiento para incluir otros sectores profesionales”, añaden.

A nivel autonómico, desde 2020 hasta 2024 se han acreditado 717.846 unidades de competencia, para lo cual se han distribuido fondos con el objetivo de facilitar el acceso a estos procedimientos y ampliar su alcance. En este contexto, se encuentra en fase de tramitación una nueva distribución de fondos, con la previsión de que 152.576 personas puedan beneficiarse de estos procesos, reforzando el reconocimiento de competencias y mejorando la empleabilidad en distintos sectores profesionales.

Asimismo, tras los diferentes convenios iniciados con entidades como CampusFP desde el 2021 y hasta el cierre del año 2024, se han registrado un total de 2.129 certificaciones y 959 acreditaciones parciales. Por otro lado, desde 2021 el Ministerio también da la posibilidad de acreditar sus competencias profesionales a las personas privadas de libertad. Hasta la fecha han participado 2.023 reclusos en estos procedimientos.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes remarca a elDiario.es que “el valor de estos procesos radica en brindar a la ciudadanía la posibilidad de que cuente con experiencia laboral sin acreditación, obtener certificado o título profesionalizante de todas o parte de sus competencias profesionales, validarlas y, de este modo, poder continuar con itinerarios formativos conducentes a una mayor cualificación, además de potenciar oportunidades de promoción y desarrollo profesional”.

Además, han resaltado que, entre las reformas ligadas a este proceso, se cuentan la apertura permanente del sistema de acreditación de las competencias profesionales eliminando el formato de convocatorias puntuales, la reducción de plazos en el proceso de acreditación, la incorporación de los centros de FP a la red de participantes en el proceso, la propuesta de itinerario formativo complementario una vez realizado el proceso, y la creación de un espacio específico de orientación sobre el proceso en la plataforma Todo FP de fácil acceso para la ciudadanía.

Al fin y al cabo, son cientos de credenciales a las que los profesionales con cierta experiencia en un sector concreto puede acceder. Según el Instituto Técnico Superior teclab, este año las más valoradas en el mercado laboral están ligadas a las tecnologías de la información y la ciberseguridad; inteligencia artificial y ciencia de datos; administración de servicios en la nube; marketing digital y automatización; y las llamadas habilidades blandas y gestión del talento.

Una burocracia tortuosa

Para Lourdes Núñez, secretaria de FP de la Federación de Enseñanza de CC. OO. a nivel estatal, se trata de “un sistema de cualificación y recualificación sumamente importante, sobre todo ahora, cuando muchas empresas ya no se fijan tanto en las titulaciones sino en las habilidades de una persona”. La sindicalista remarca que hay muchos migrantes que intentan acreditar sus conocimiento mediante esta vía, y la mayoría lo hace en la rama sanitaria.

Desde el punto de vista de la también profesora de ciclos formativos en la especialidad de formación y orientación laboral en Extremadura, “el proceso es un recorrido bastante largo en el que se puede llegar a tardar dos o tres años en conseguir una titulación completa”.

Núñez comenta que se necesitan agilizar los trámites: “Los trabajadores tienen que rellenar un curriculum con ayuda de sus orientadores, pero muchas veces ni siquiera entienden a qué se refieren por el vocabulario que se utiliza, sobre todo los migrantes”. Considera que el proceso “desmotiva”, y exige que sea la Administración quien cumplimente lo necesario para que toda la carga de la gestión no recaiga en el trabajador, una propuesta avalada por la patronal.

Un proceso por perfeccionar

Este proceso tedioso al que se refiere la sindicalista de CC. OO. lo ha vivido en sus carnes Okba Mohammed. Tiene 26 años, procede de Siria, es periodista y reside en España desde hace años, pero no posee ninguna documentación que pueda acreditarlo más que su dilatada experiencia como comunicador desde que empezó a cubrir la guerra en su país en 2011. “Pedían muchísimos requisitos para la solicitud y muchas veces no entiendo el lenguaje administrativo”, se queja.

Eso le ha llevado a presentar algunos documentos sin saber si es lo que le requerían. “Tenía tan poco tiempo para subsanar las primeras solicitudes que ya voy por la tercera, supuestamente con todo lo que me piden”, enfatiza este periodista.

César de la Fuente, jefe del departamento de Educación y Formación de la CEOE, recuerda que este proceso de acreditación se puso en marcha en 2009 enfocado en aquellos trabajadores en España que querían irse al extranjero pero no podían certificar sus habilidades y conocimientos. “Hasta 2019 este proceso fracasó. Solo se consiguieron acreditar unos 260.000 profesionales, algo muy alejado a las necesidades reales que había”, esgrime.

Ese año fueron convocados por el Ministerio a una mesa de diálogo social en la que se certificó el problema. Tomaron algunas decisiones para engrasar el mecanismo y hacerlo más atractivo. “Desde 2019 se han invertido unos 852 millones de euros para que en cuatro años se acrediten, de una forma u otra, algo más de 3.300.000 trabajadores”, cifra De la Fuente. Sin embargo, desde la patronal afirman que “el Ministerio es consciente de que este programa no está yendo en la medida de lo previsto”. Desde la cartera liderada por Pilar Alegría no han respondido a las preguntas enviadas por parte de elDiario.es a la hora del cierre de la edición de este artículo.

Posibles reticencias de las empresas

Calvo, el coordinador de CampusFP, admite que las empresas suelen ayudar a la hora de certificar los conocimientos, la valía y experiencia de sus trabajadores, aunque no siempre es así. “Si un empleado se acredita, podrá demostrar un nivel competencial mayor, lo que viene parejo a una petición de subida de salario”, explica. Núñez piensa algo parecido: “Si un trabajador alcanza cierta titulación, subirá de nivel en las tablas salariales, además de reconocerle otro tipo de complementos, así que las empresas no siempre ven con buenos ojos que sus trabajadores puedan demostrar sus conocimientos”.

En este sentido, De la Fuente responde que estas certificaciones son “muy beneficiosas para el empresario, pero también necesarias”. Según continúa, “un trabajador con sus competencias acreditadas estará más orgulloso y satisfecho, e irá más feliz a trabajar, lo que redundará en la empresa”. Por otro lado, el jefe del departamento de Educación y Formación de la CEOE agrega que la certificación también abre un abanico de posibilidades al empleado, como la movilidad nacional o internacional.

“Puede haber alguna empresa que ponga reticencias al tener la cualificación vinculada al salario, pero desde el departamento de Educación de la CEOE trabajamos muy proactivamente para mejorar y facilitar los procesos, porque a nivel estratégico y global siempre es positivo”. Por último, la patronal exige una armonización a nivel nacional del sistema de acreditación para poder agilizar la evaluación de las propuestas y la obtención de los certificados. “Queremos una ventanilla única donde cualquier persona pueda acudir y donde sea la Adminstración quien gestione totalmente el desarrollo de la petición”, finaliza el mismo De la Fuente.

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