El Gobierno ha intensificado su ofensiva contra el magistrado Juan Carlos Peinado , instructor de los casos que afectan a Begoña Gómez , esposa del presidente Pedro Sánchez. Según publica ABC , desde Moncloa se ha presionado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de «pararle los pies» al juez, al que acusan de «ridiculizar las instituciones».

Bolaños, al frente de la ofensiva

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños , ha presentado al menos dos quejas formales contra Peinado. En ellas exige que se «depuren responsabilidades» por las supuestas «irregularidades» cometidas en el curso de la investigación.

La ofensiva se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de situar a Peinado en el centro del debate, cuestionando sus actuaciones y planteando que está actuando con fines políticos. La idea que circula en Moncloa, según fuentes citadas por ABC , es que «hay un señor ridiculizando las instituciones» y que, por tanto, no puede continuar sin una respuesta institucional.

El oasis roto

El movimiento del Gobierno contra Peinado llega en un momento delicado: mientras Pedro Sánchez intentaba centrar su agenda en la crisis de Gaza y proyectar una imagen internacional de liderazgo, los frentes judiciales que afectan a su entorno familiar y político han vuelto a dominar la escena nacional.

La confirmación de que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular , la imputación de David Sánchez , hermano del presidente, y los escándalos que rodean al PSOE han dinamitado el «oasis» con el que el Ejecutivo pretendía blindar su imagen.

Preocupación en el CGPJ

Fuentes consultadas por el diario subrayan que la presión ejercida desde Moncloa ha generado preocupación en el CGPJ , que se debate entre mantener la neutralidad institucional o responder a las exigencias de Bolaños. Hasta ahora, el Consejo había evitado intervenir directamente en la instrucción de Peinado, recordando que se trata de un juez en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, la insistencia del Gobierno en que se tomen medidas y se evalúen «las irregularidades» del magistrado ha abierto un nuevo frente en las ya tensas relaciones entre Ejecutivo y Poder Judicial.