La situación en la casa de Javier Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, es tensa. La trama se desarrolla en el contexto de un escándalo que ha sacudido el sector farmacéutico en el país. Ariel Fernando García, el principal acusado, ha sido señalado como el arquitecto del conglomerado responsable de la producción y venta de fentanilo contaminado, que ha causado la muerte de 124 pacientes.

La investigación judicial ha revelado que García no solo diseñó la empresa, sino que también lideró un encubrimiento de pruebas y la falsificación de registros. Esto ocurrió poco después de que el Hospital Italiano de La Plata denunciara los primeros fallecimientos relacionados con el lote 31202 de fentanilo de HLB Pharma.

El procesamiento de García incluye un embargo sin precedentes de un billón de pesos. También han sido procesados su madre, Nélida Furfaro, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria, su hermano Diego, y otros doce directivos de la empresa. Entre ellos, Tchukrán, quien está detenido, y José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma.

Las pruebas clave fueron captadas por cámaras de seguridad en el domicilio de Tchukrán. En los vídeos, se observa a Tchukrán y a los hermanos García discutiendo estrategias para ocultar la contaminación del fentanilo. En una conversación, García le dice a Tchukrán que lleve una caja con ampollas de fentanilo y que las someta a un proceso de esterilización para eliminar evidencias.

La línea de tiempo del caso es clara. El fentanilo contaminado fue elaborado el 18 de diciembre de 2024 y liberado al mercado el 5 de enero de 2025. El primer fallecimiento se registró el 14 de abril, y el 30 de abril se identificó como el nexo causal de un brote de neumonía. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó medidas el 5 de mayo, prohibiendo la producción de medicamentos por parte de HLB Pharma.

Las grabaciones también revelan cómo los directivos intentaron manipular la documentación relacionada con la producción del fentanilo. García instruyó a su equipo a completar registros incompletos y a falsificar firmas. Maiorano, quien tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de los medicamentos, declaró que fue presionado para firmar documentos que no estaban completos.

El juez Kreplak ha procesado a varios de los involucrados, destacando la gravedad de las acciones que llevaron a la tragedia sanitaria. Las cámaras de seguridad de Laboratorios Ramallo también fueron objeto de atención, con instrucciones para apagarlas y eliminar grabaciones. La situación sigue en desarrollo, mientras las autoridades investigan a fondo este escándalo que ha conmocionado al país.