El Gobierno argentino presentó ante la Cámara de Apelaciones la apelación del fallo que lo obliga a pagar con acciones de YPF la condena de 16.000 millones de dólares derivada de la nacionalización de la empresa.

Según el especialista Sebastián Maril, la estrategia de apelación se centra en cuatro puntos principales:

La justicia de EE. UU. no puede obligar a un país soberano a repatriar activos ubicados en el exterior.

La jueza Loretta Preska aplicó incorrectamente la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) respecto de esos activos.

Se invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) para proteger al país de entregar las acciones de YPF.

Se consideran las posibles repercusiones diplomáticas entre dos naciones amigas si se obliga a Argentina a transferir sus activos.

Se estima que la resol

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