La Corte Constitucional ordenó al Gobierno presentar en un plazo de 20 días un plan de reestructuración para la Unidad de Implementación del acuerdo de paz debido a los continuos rezagos en su cumplimiento, una decisión que se produce en la antesala de las primeras sanciones que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La determinación se formalizó en un auto del 9 de septiembre, expedido por la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional, que vigila la baja implementación de las garantías de seguridad para la población firmante del acuerdo. La providencia recoge una serie de alertas que la JEP ya había emitido el año pasado para mejorar la articulación institucional, tras confirmar que la Unidad de Implementación contaba únicamente con cuatro personas de

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