Durante al menos los últimos 150 años, se ha demostrado que la intervención del Estado en la elección de industrias y empresas individuales a las que apoyar socava la productividad y debilita los resultados económicos. Cuando las consideraciones políticas pesan más que el buen juicio comercial, las empresas pueden verse obligadas a mantener abiertas fábricas no rentables, continuar con actividades deficitarias, favorecer a los proveedores estatales en detrimento de los privados o nombrar para puestos directivos a personas no cualificadas, pero con conexiones políticas.

Por el contrario, cuando las empresas privadas son ineficaces o producen bienes que la gente no quiere, salen del mercado y entran empresas más productivas. El afán de lucro impulsa a las empresas a contratar empleados capa

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