El debate sobre la minería informal en la provincia de Caravelí, Arequipa, adquiere un nuevo capítulo con la propuesta de una Ley MAPE promovida por el Ejecutivo y las declaraciones del alcalde Roberto Soto, quien denuncia que los grandes concesionarios favorecen la violencia para apropiarse del trabajo artesanal. La presión por normar este sector coincide con la clausura de la convención minera Perumin 37, donde la presidenta del Perú, Dina Boluarte, pidió al Congreso aprobar la norma antes de diciembre.

“Los concesionarios cobran sin invertir regalías entre 11 hasta 40 %, y entonces traen gente de mal vivir que son los que han organizado estas masacres”, afirmó el alcalde provincial Soto refiriéndose a los enfrentamientos ocurridos en las zonas mineras de la provincia.

En su acusación

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