La Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo que pone en tela de juicio la transparencia de la campaña del Pacto Histórico en las elecciones de 2022. En un documento de 236 páginas, se afirma que los gastos reportados como transporte aéreo para candidatos al Senado en realidad correspondían a desplazamientos del entonces precandidato Gustavo Petro Urrego. Esta situación, según la Corte, indujo a error al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El magistrado Misael Rodríguez, encargado de la ponencia, destacó que la contratación del servicio aéreo fue realizada por la campaña al Senado, pero que en la práctica se utilizó para la campaña presidencial de Petro. La Corte señala que la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. fue contratada a instancias de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro, y con la intervención del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Las evidencias presentadas incluyen modificaciones en las planillas de vuelo, que originalmente estaban asociadas a la campaña presidencial de Petro, pero que fueron alteradas para reflejar un uso por parte de la campaña al Senado. La Corte también menciona que los registros de pasajeros incluyen a Petro y otros miembros de su equipo, lo que refuerza la idea de que los vuelos estaban relacionados con su campaña presidencial.

A pesar de que la Corte no tiene competencia para investigar al presidente ni a su campaña, se ha planteado la posibilidad de remitir copias de la investigación a las autoridades electorales. La Corte ha determinado que el servicio de transporte aéreo no fue contratado para la campaña al Senado, sino que se utilizó para la campaña presidencial de Petro, que se llevó a cabo simultáneamente.

La Corte también abordó una denuncia inicial que vinculaba a la empresa de aeronaves con un cargamento de cocaína, pero se descartó cualquier conexión entre las avionetas y actividades ilícitas. En su fallo, la Corte concluyó que la información presentada por la campaña al Senado era engañosa y que esto llevó al CNE a reconocer erróneamente el derecho a la reposición de gastos por un monto significativo.

Finalmente, aunque la Corte no encontró mérito para abrir una investigación penal contra los senadores de la lista cerrada del Pacto Histórico, sí se determinó que los informes de ingresos y gastos presentados contenían errores que indujeron a confusión. La situación plantea serias dudas sobre la legalidad de los gastos de campaña y la transparencia de las operaciones del Pacto Histórico.