La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en marcha una investigación especial sobre el eventual uso irregular de viviendas fiscales por parte de trabajadores públicos del Ministerio de Bienes Nacionales y funcionarios del Ejército, lo que es valorado desde la Cámara Baja.

La problemática salió a la palestra tras un hecho policial cuando, durante el mes de agosto, en el aeropuerto de El Loa (Región de Antofagasta) se detuvo a un empleado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) supuestamente vinculado al Tren de Aragua, cuya vivienda alojaba armas y permitía el tráfico de drogas y la prostitución.

Posteriormente, se revelaron otros casos como el de un jefe provincial de Bienes Nacionales en Ovalle -y expareja de la seremi de Coquimbo-,

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