La exhumación de Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros fue uno de los iconos con los que Pedro Sánchez echó a andar su Gobierno. Un año después de llegar a Moncloa con la moción de censura, en octubre de 2019 el Ejecutivo sacaba al dictador del enclave. La imagen marcaba la senda que siguió después, con el impulso de un plan de exhumaciones de la guerra civil y el franquismo, y el alumbramiento en 2022 de la ley de memoria democrática, destinada a reparar a las víctimas. El balance de estas políticas se traduce en 8.200 exhumaciones y 200.000 concesiones de nacionalidad a descendientes de exiliados.
La norma, que se publicó en el BOE el 19 de octubre de 2022 , hereda el espíritu de la ley de memoria histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que reguló