En un inicio, la fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva por el presunto desvío de fondos que estaban destinados a programas de asistencia para víctimas de violencia de género. Sin embargo, la pena se redujo luego de que Cordero aceptara su responsabilidad en un juicio abreviado , mecanismo judicial que permite al imputado reconocer los hechos a cambio de una condena menor y evitar un debate oral.

Junto a Cordero, otros tres exfuncionarios fueron acusados por la misma causa. Uno de ellos decidió declararse inocente, por lo que la investigación continuará y podría derivar en nuevas resoluciones judiciales.

El caso, que sacudió a la comunidad tartagalense, vuelve a poner en debate el manejo de los recursos públicos destinados a sectores vulnerables y la responsabilidad

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