Un pequeño pueblo de Texas de apenas 2.500 habitantes se convirtió en un epicentro inesperado de narcotráfico internacional, fraudes financieros y vínculos políticos transnacionales. Allí, en 2014, Debra Mercer-Erwin adquirió Aircraft Guaranty Corporation (AGC), un fideicomiso estadounidense especializado en registrar aviones propiedad de extranjeros bajo el amparo de la FAA, lo que permitía eludir inspecciones más rigurosas y otorgaba mayor libertad de tránsito a las aeronaves.

AGC rápidamente se convirtió en un nodo sospechoso: más de 1.000 aviones estaban registrados en un solo domicilio en Onalaska, superando incluso la flota de Nueva York. Mercer-Erwin y su socio, Federico “Fred” Machado, un empresario argentino radicado en EE.UU., manejaban la contabilidad del fideicomiso con la met

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